La articulación entre las entidades financieras públicas y privadas es clave para una ejecución efectiva del Presupuesto General del Estado (PGE), ya que permite ampliar la cobertura y el acceso a los servicios financieros necesarios para canalizar los recursos públicos. En Ecuador, esta articulación se vuelve aún más relevante por la diversidad territorial y las desigualdades socioeconómicas que dificultan la ejecución equitativa del gasto público.
Las entidades del sector financiero público como BanEcuador, la CFN o el propio Banco Central del Ecuador, trabajan de forma coordinada con bancos privados y cooperativas para facilitar el pago de transferencias públicas, la recaudación tributaria y la implementación de programas sociales. Por ejemplo, el pago de bonos estatales (como el Bono de Desarrollo Humano) se realiza a través de cooperativas locales y banca privada, garantizando la cobertura en zonas rurales y comunidades alejadas donde el Estado no tiene presencia directa.
Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta Ecuador es la inclusión financiera. Según la Superintendencia de Bancos y datos del BCE, aún existe una parte significativa de la población —especialmente en zonas rurales y entre pueblos indígenas y afroecuatorianos— que no tiene acceso a servicios bancarios formales.
Un ejemplo reciente que evidencia la importancia de esta articulación fue la crisis por falta de liquidez en 2020 debido al impacto de la pandemia, cuando el BCE tuvo que coordinar acciones con la banca pública (como BanEcuador y CFN) para canalizar líneas de crédito hacia la reactivación económica. La integración del SFN permitió que el Estado mantuviera la ejecución de programas sociales como el Bono de Desarrollo Humano, usando canales bancarios y cooperativas de ahorro para asegurar cobertura en todo el país.
En este sentido, el Sistema Financiero Nacional debe fortalecerse no solo desde la regulación, sino también desde la promoción de servicios financieros inclusivos, con educación financiera, tecnología adecuada (como banca móvil), y alianzas público-privadas orientadas al desarrollo económico sostenible. La inclusión financiera no es solo una meta económica, sino una condición para ejercer derechos fundamentales