El sistema financiero nacional juega un papel crucial en la planificación, ejecución y control de las finanzas públicas en Ecuador, actuando como un engranaje fundamental para el flujo de recursos y la implementación de políticas económicas. La integración de este sistema, tal como lo establece el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), incide directamente en la capacidad del Estado para gestionar sus ingresos, gastos y el financiamiento de sus operaciones.
Para comprender esta influencia, es esencial identificar las instituciones que, según el COMF, conforman el Sistema Financiero Nacional. Este se compone de segmentos públicos y privados, incluyendo bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades financieras, y entidades del sector financiero público como el Banco Central del Ecuador (BCE) y la Corporación Financiera Nacional (CFN). La articulación entre estas entidades es vital. Por ejemplo, en la ejecución del Presupuesto General del Estado, las entidades financieras, tanto públicas como privadas, facilitan la movilización de fondos para la inversión pública y la provisión de servicios. Los bancos privados, a través de sus servicios de recaudación, contribuyen a la agilidad en la captación de tributos, mientras que las entidades financieras públicas pueden canalizar créditos para proyectos estratégicos o programas sociales.
El rol del Banco Central del Ecuador (BCE) en esta integración es fundamental. Como autoridad monetaria, el BCE no solo regula la liquidez del sistema y emite dinero electrónico (en el contexto de la dolarización), sino que también supervisa la estabilidad financiera. Su capacidad para intervenir en el mercado, por ejemplo, a través de operaciones de liquidez, asegura que haya recursos disponibles para el financiamiento de las actividades estatales y privadas, evitando desequilibrios que puedan afectar la ejecución del presupuesto. En el contexto de la dolarización, el BCE juega un papel aún más preponderante en la gestión de las reservas internacionales, lo que directamente impacta la confianza en la economía y, por ende, la capacidad del Estado para obtener financiamiento.
Un ejemplo claro de la influencia de la integración del sistema financiero en la planificación y ejecución de las finanzas públicas se observa en la gestión de crisis. Durante la crisis bancaria de finales de los 90, la desarticulación y debilidad del sistema financiero tuvieron un impacto devastador en las finanzas públicas, obligando al Estado a asumir cuantiosas deudas para rescatar a las instituciones financieras. En contraste, la estabilidad relativa del sistema financiero actual, en gran parte gracias a una regulación más robusta y a la supervisión de entidades como la Superintendencia de Bancos, permite una planificación presupuestaria más predecible y una ejecución más eficiente, aunque siempre sujeta a los vaivenes económicos globales y locales. La inclusión financiera, si bien es un desafío, también es una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas al ampliar la base tributaria y fomentar el ahorro y la inversión en la economía.