La acción de incumplimiento es un mecanismo legal que se utiliza cuando una persona o entidad no cumple con sus obligaciones fiscales, como pagar impuestos o presentar las declaraciones requeridas, su propósito principal es garantizar que se respeten las normas tributarias vigentes, asegurando que quien tenga una obligación clara y exigible la cumpla; solo puede ser utilizada cuando la obligación está claramente establecida por una norma con fuerza jurídica y genera un deber concreto; si no existe esa claridad, la acción no procede. También es importante mencionar su relación con las acciones directas, estas acciones buscan impugnar directamente disposiciones o actuaciones que se consideren contrarias a la Constitución, especialmente cuando afectan los derechos del contribuyente.

En este sentido, mientras la acción de incumplimiento se centra en exigir el cumplimiento de una norma vigente y claramente establecida, la acción directa tiene un alcance más amplio, ya que permite cuestionar la validez de una norma o acto administrativo cuando se considera que vulnera principios constitucionales. En otras palabras, la primera busca garantizar que se cumplan obligaciones tributarias concretas, mientras que la segunda ofrece una vía para impugnar disposiciones que, desde una perspectiva constitucional, podrían afectar esos mismos deberes fiscales de manera ilegítima.