Es importante señalar que, en el Estado constitucional de derechos y justicia, las garantías jurisdiccionales como la acción de incumplimiento, la acción directa y las acciones especiales se interrelacionan como mecanismos fundamentales para la protección efectiva de los derechos y el control del poder. Es decir, estas acciones no actúan de forma aislada, sino que conforman un sistema integral que permite hacer operativa la Constitución, asegurando su supremacía y materializar el principio de justicia.

La acción directa de inconstitucionalidad permite impugnar normas jurídicas que contradicen la Constitución, contribuyendo a depurar el ordenamiento jurídico y a evitar que se apliquen disposiciones contrarias a los derechos y principios cconstitucionales. Por su parte, la acción de incumplimiento, se activa cuando una autoridad incumple normas constitucionales, sentencias de la Corte Constitucional o decisiones de organismos internacionales de derechos humanos, buscando que dichos mandatos se ejecuten y tengan efectos reales. 

Finalmente, las acciones especiales, como la acción de protección, el hábeas corpus o el hábeas data, son instrumentos destinados a reaccionar de forma inmediata ante violaciones de derechos coconstitucionales. Prácticamente su finalidad es garantizar una tutela rápida y efectiva frente a actos u omisiones que vulneren derechos fundamentales, lo cual resulta coherente con el carácter garantista del Estado ecuatoriano. 

Por consiguiente, la articulación entre estas tres acciones: directa, de incumplimiento y especiales, permiten refotzar un sistema de justicia constitucional integral, donde la Constitución se convierte en una norma operativa que estructura no solo el orden jurídico, sino también las relaciones entre el Estado y la ciudadanía.