¿LA NUEVA LEY ECONOMICA?
El gobierno de Ecuador ha enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, bajo el argumento de combatir las redes ilícitas vinculadas al conflicto armado interno. Aunque su objetivo suena legítimo, el contenido de esta ley económica urgente levanta serias alarmas jurídicas y democráticas.
Desde una perspectiva constitucional, preocupa que el proyecto permita allanamientos sin orden judicial y detenciones sin intervención fiscal. Esto vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, protegidos en los artículos 66 y 76 de la Constitución ecuatoriana.
Además, se corre el riesgo de que estas medidas se usen con fines políticos o para criminalizar la protesta social, desnaturalizando el objetivo de seguridad pública. La urgencia no puede ser excusa para debilitar garantías fundamentales.
El principio de legalidad exige que toda restricción a los derechos sea necesaria, proporcional y motivada. Este proyecto, sin embargo, abre la puerta a abusos bajo un enfoque represivo más que preventivo.
Como estudiantes y defensores del derecho, debemos advertir que legislar con prisas y bajo presión puede generar normas peligrosas. La lucha contra el crimen no debe convertirse en un atajo para pisotear libertades básicas.
Esta no es solo una ley económica: es una prueba de hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestros derechos en nombre de la seguridad.