Comparto la opinión expuesta. Efectivamente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) tiene por propósito y fin la protección de los derechos humanos frente a los abusos del poder, constituyéndose en una instancia supranacional accesible a las víctimas cuando los mecanismos estatales resultan insuficientes, ineficaces o conculcadores del deber de garantía. Dentro de esta infraestructura institucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funge como órgano inicial de examen y tutela, siendo competente para conocer peticiones individuales, formular recomendaciones y, en los casos que así lo ameriten, someter el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal regional que, en ejercicio de su función jurisdiccional, procura restablecer el derecho conculcado y determinar la responsabilidad internacional del Estado, ya sea por acción, omisión o aquiescencia frente a violaciones de derechos fundamentales.
Bajo este contexto, resulta inadmisible que la soberanía estatal absoluta se erija como un pretexto para obstruir o relativizar la protección efectiva de los derechos humanos, cuyo carácter erga omnes trasciende las fronteras estatales y no puede quedar a merced del arbitrio gubernamental. Persistir en mantener esta postura únicamente perpetuaría el sufrimiento de las víctimas en busca de justicia y también contraviene los compromisos internacionales libremente asumidos por los Estados al incorporarse a la Organización de los Estados Americanos (OEA).