La negativa de algunos Estados de la OEA a someterse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos refleja una tensión entre la soberanía estatal y la obligación internacional de proteger los derechos humanos. Aunque la soberanía permite a los Estados decidir sobre su jurisdicción, no debe servir para encubrir violaciones graves.

El caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras marcó un precedente al establecer la responsabilidad del Estado por desapariciones forzadas y al reforzar la obligación de prevenir, investigar y sancionar violaciones. También sentó las bases del control de convencionalidad, que exige a los jueces nacionales ajustar sus decisiones a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, no aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana debilita el sistema regional y limita la protección efectiva de los derechos humanos. La soberanía, en este sentido, debe asumirse como una responsabilidad y no como un obstáculo para la justicia internacional.