La convergencia entre salud mental y derechos humanos representa un desafío crítico en nuestra sociedad. Históricamente, las personas con trastornos mentales han enfrentado estigmatización y prácticas que vulneran su dignidad, autonomía y libertad. Transformar esta realidad exige replantear los modelos de atención desde una perspectiva basada en derechos.

Es fundamental sustituir métodos coercitivos por enfoques que promuevan la participación activa de las personas en su propio cuidado, respetando sus decisiones y brindándoles apoyo para una vida plena en comunidad. Los servicios deben ser voluntarios, accesibles y libres de discriminación, garantizando que nadie tema ser vulnerado por el sistema que debería protegerlo.

Combatir el estigma en todos los ámbitos sociales es igualmente crucial. Construir una cultura de inclusión beneficia no solo a quienes viven con condiciones mentales sino a toda la sociedad.

El respeto a los derechos humanos en salud mental no es opcional sino una obligación ética. Comprometernos con un modelo más humano e inclusivo refleja nuestro compromiso con los valores universales de libertad, equidad y dignidad.