Gobierno de Daniel Noboa propone crear una sección penal para sancionar delitos que se cometan en un conflicto armado interno

El 17 de mayo de 2025 el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional su primer proyecto de ley económica urgente,  "Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno", con esta ley se busca busca enfrentar las estructuras financieras del crimen organizado pero en casos de conflicto armado interno como se dio en 2024 tras una serie de eventos violentos que incluyeron motines carcelarios y atentados contra medios de comunicación.

Además, este proyecto propone reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en donde se van a  establecer una nueva sección para sancionar delitos cometidos en el casos de conflicto armado interno, entre estos se contemplan penas de 22 a 26 años para quienes participen en grupos armados organizados y de 26 a 30 años para quienes ejerzan roles de liderazgo dentro de estos grupos, sumado a esto se plantea la creación de jueces especializados en conflictos armados internos y un régimen especial que permita la incautación de bienes relacionados con economías criminales, también se incluyen incentivos tributarios para ciudadanos que donen suministros a las fuerzas del orden como la reducción del impuesto a la renta.

Niels Olsen que asumió el cargo de presidente de la Asamblea aseguró que el proyecto será tratado con la urgencia que la situación requiere.

Reflexión

La iniciativa del presidente representa un esfuerzo por fortalecer el marco legal para combatir el crimen organizado en Ecuador, sin embargo, es crucial que estas medidas se implementen respetando los derechos humanos y las garantías constitucionales, además de tratados a los que estamos sujetos como país, y es imposible evitar los abusos de poder.

Asimismo, la efectividad de estas reformas dependerá de su articulación con políticas sociales y económicas que aborden las causas estructurales de la violencia ya que no solo se puede enfocar en la represión del delito, sino también en la prevención y en la promoción de oportunidades para las poblaciones vulnerables.