Los contextos políticos y económicos de los países latinoamericanos han ejercido una influencia profunda en la evolución de sus sistemas jurídicos, moldeando no solo sus normas internas sino también su relación con el Derecho Comparado. Durante el siglo XIX, tras las independencias, muchos países adoptaron modelos constitucionales liberales inspirados en Europa y Estados Unidos, pero adaptados a realidades locales marcadas por la inestabilidad política y economías agrarias dependientes. Este fenómeno generó una tensión entre el derecho formal y las prácticas jurídicas reales, donde las élites locales reinterpretaron las instituciones importadas para mantener estructuras de poder tradicionales. Por ejemplo, mientras países como Argentina y México incorporaron principios del constitucionalismo liberal, su aplicación estuvo condicionada por regímenes autoritarios y desigualdades sociales profundas.
En el siglo XX, los vaivenes económicos y las ideologías políticas diversificaron aún más los sistemas jurídicos de la región. Por otro lado, las dictaduras militares de los años 70 y 80 impusieron marcos legales represivos, debilitando el Estado de derecho y dejando secuelas en los sistemas judiciales. La comparación entre países revela cómo Chile, bajo Pinochet, implementó un modelo neoliberal extremo que reconfiguró su sistema jurídico en torno a la protección de la propiedad privada, mientras que en Nicaragua la revolución sandinista impulsó un enfoque colectivista. Estas divergencias muestran cómo el derecho no solo refleja, sino que también consolida, proyectos políticos y económicos específicos.
En las últimas décadas, la globalización y los procesos de democratización han introducido nuevos elementos al Derecho Comparado en la región. La creación de sistemas de protección de derechos humanos, como el Sistema Interamericano, ha obligado a los países a armonizar sus legislaciones con estándares internacionales, aunque con grados variables de cumplimiento. Además, los tratados de libre comercio y la integración económica han fomentado la adopción de normas mercantiles y financieras similares, especialmente en países como México, Colombia o Perú. Sin embargo, persisten diferencias significativas: mientras algunas naciones, como Uruguay, han avanzado en la modernización de su justicia, otras, como Venezuela, han experimentado un retroceso en la independencia judicial bajo gobiernos autoritarios. La comparación entre estos sistemas revela tanto la influencia de factores externos como la resistencia de tradiciones jurídicas locales.
En conclusión, la evolución del derecho en Latinoamérica ha estado marcada por la interacción entre contextos políticos y económicos internos y modelos jurídicos externos, lo que ha generado sistemas híbridos y únicos. El Derecho Comparado en la región no solo destaca estas diferencias, sino que también permite entender cómo las crisis económicas, los cambios de régimen y las presiones globales han reconfigurado instituciones legales. Esta comparación revela que, a pesar de compartir raíces coloniales y desafíos similares, cada país ha desarrollado respuestas jurídicas propias, lo que enriquece el estudio del derecho desde una perspectiva regional e global.