Los contextos políticos y económicos han sido determinantes en la evolución del derecho en los países latinoamericanos, ya que han condicionado tanto la forma como el contenido de las normas jurídicas. Procesos como la colonización, la independencia, las dictaduras militares, las transiciones democráticas y las crisis económicas han moldeado profundamente los sistemas jurídicos, obligándolos a adaptarse constantemente a nuevas realidades sociales. Por ejemplo, durante los regímenes autoritarios, el derecho fue utilizado muchas veces como un instrumento de control, mientras que en periodos de apertura democrática ha sido una vía para ampliar derechos y fortalecer las instituciones.

Esta realidad ha generado un fenómeno característico en la región: la recepción y adaptación de modelos jurídicos extranjeros. En lugar de crear sistemas cerrados, los países latinoamericanos han optado por importar normas de otros contextos, especialmente del derecho europeo continental, para luego ajustarlas a sus propias necesidades. Esto ha dado origen a lo que hoy se entiende como un espacio jurídico transnacional latinoamericano, donde el Derecho Comparado cobra relevancia al permitir el análisis crítico de experiencias ajenas para aplicarlas de forma contextualizada.

En ese sentido, el Derecho Comparado en América Latina ha dejado de ser una práctica técnica aislada para convertirse en una herramienta estratégica que permite estudiar tendencias, identificar fortalezas y corregir debilidades entre los distintos ordenamientos jurídicos. Además, ha servido para fortalecer la identidad jurídica regional mediante el desarrollo de doctrinas propias, como se ha visto en el reconocimiento de derechos de la naturaleza o en la incorporación de mecanismos de participación ciudadana

 Entonces a modo de conclusión en cuanto a mi análisis puedo manifestar quel os contextos políticos y económicos no solo han marcado el rumbo del derecho en cada país, sino que han sido claves en el surgimiento de un enfoque comparativo que busca modernizar los sistemas jurídicos, promover la justicia social y enfrentar los retos comunes desde una perspectiva regional.