Desde una perspectiva crítica y contextual, es evidente que los contextos políticos y económicos han sido determinantes en la evolución del Derecho en América Latina. Nuestros sistemas jurídicos no se han desarrollado en el vacío, sino que han estado profundamente marcados por regímenes autoritarios, procesos de democratización, crisis económicas, y modelos de desarrollo impulsados desde el exterior (como el neoliberalismo en los años 90 o el reciente retorno al intervencionismo estatal en algunos países). Estos factores han moldeado no solo el contenido de las normas, sino también la forma en que se aplican y la confianza que la sociedad deposita en ellas.

En el caso de Ecuador, por ejemplo, la inestabilidad política ha llevado a múltiples reformas constitucionales y cambios en el modelo económico, lo que ha provocado una constante reconfiguración del orden jurídico. Esto ha afectado directamente la coherencia del sistema normativo y ha generado tensiones entre el derecho formal y la realidad social.

Desde la óptica del Derecho Comparado, esta diversidad de experiencias permite identificar patrones regionales —como la búsqueda de reconocimiento de derechos sociales o la judicialización de la política— pero también particularidades locales. Así, el Derecho Comparado en América Latina no solo sirve para contrastar normas, sino también para entender cómo las condiciones históricas, económicas y políticas configuran distintas respuestas jurídicas ante problemas similares.

Comparar nuestros sistemas, entonces, no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para repensar nuestras propias instituciones, aprender de los aciertos y errores de otros países y buscar soluciones más adaptadas a nuestras realidades