Fecha: 30 de junio de 2025.

Lo que ocurre con Jorge Glas no es solo un asunto legal; también refleja cómo la justicia puede utilizarse con fines políticos en Ecuador. Que un exvicepresidente reciba una condena de 13 años por peculado sin pruebas claras es algo que debería preocuparnos a todos. No se trata de defender a una persona, sino de reconocer que cuando el sistema falla, cualquiera puede verse afectado.

Este caso ha sido señalado como un ejemplo claro de lawfare, es decir, la utilización de la justicia como arma para eliminar a los adversarios políticos. Ya ha pasado antes en América Latina, y si no hablamos del problema, seguirá ocurriendo. Usar la ley como forma de persecución pone en riesgo la democracia, porque hace que se dude de la imparcialidad de los jueces y de las verdaderas razones detrás de las sentencias.

Además, lo que más llama la atención es que organismos internacionales ya han alzado la voz, señalando que el proceso no fue transparente ni imparcial. México, incluso, ha solicitado un salvoconducto para proteger a Glas por considerar que su vida y derechos están en peligro. Cuando un país vecino toma una medida así, es una señal clara de que algo no anda bien dentro del país.

No se trata de si uno apoya o no a Jorge Glas políticamente. Se trata de si estamos dispuestos a aceptar que la justicia se use como una forma de venganza o presión. Hoy le pasa a él, pero mañana puede pasarle a cualquiera que piense diferente o moleste al poder. La justicia debe actuar con pruebas claras, decir la verdad y respetar los derechos humanos, sin dejarse llevar por lo que dicen los medios ni por intereses políticos.

El caso de Glas nos hace pensar como grupo. Necesitamos una justicia que sea realmente justa y libre, que decida con pruebas claras y sin dejarse llevar por intereses escondidos. Si no creemos en la justicia, también se daña la democracia y dejamos de confiar en nuestras autoridades.