La Constitución debe reconocer la interculturalidad porque Ecuador es un Estado plurinacional, donde conviven pueblos y nacionalidades con cosmovisiones, lenguas y derechos colectivos distintos. Su inclusión garantiza la igualdad real, protege las identidades ancestrales frente a la homogenización y permite que las políticas públicas se construyan desde el diálogo de saberes, no desde la imposición. Además, cumple con estándares internacionales de derechos humanos y evita conflictos sociales al validar sistemas de justicia, educación y salud propios, fortaleciendo así la unidad nacional en la diversidad.