¿Qué mecanismos permiten el control y supervisión del sistema financiero nacional para garantizar su estabilidad?
El sistema financiero ecuatoriano cuenta con un conjunto de mecanismos legales, institucionales y técnicos que permiten su control y supervisión para asegurar su estabilidad. Uno de los pilares fundamentales es el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), que regula el funcionamiento del sistema financiero nacional y establece normas prudenciales para las entidades financieras.
Entre los principales mecanismos de control están la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que supervisan a las instituciones del sector financiero privado y del sector cooperativo, respectivamente. Además, el Banco Central del Ecuador (BCE) se encarga de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de pagos y la liquidez del sistema financiero, especialmente relevante en un contexto de dolarización como el de Ecuador.
Otro mecanismo clave es el seguro de depósitos administrado por COSEDE, que protege los ahorros de los ciudadanos hasta por USD 32.000 por entidad financiera. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera también juega un rol fundamental al emitir normativas para el control de riesgos, tasas de interés, política crediticia y estándares de solvencia. Estos mecanismos buscan evitar crisis financieras como la vivida en 1999 y fortalecer la confianza en el sistema bancario.
¿Qué desafíos enfrenta el Ecuador en cuanto a la inclusión financiera y la bancarización desde el sistema financiero integrado?
Ecuador enfrenta diversos desafíos en relación con la inclusión financiera y la bancarización, a pesar de los avances normativos e institucionales. Uno de los principales problemas es la alta informalidad laboral, que limita el acceso de muchos ciudadanos a servicios financieros formales como cuentas bancarias, créditos o seguros. Esta situación se agrava en las zonas rurales, donde la presencia de instituciones financieras es escasa y el uso de herramientas digitales es limitado.
Otro desafío importante es la brecha de género en el acceso a financiamiento. Muchas mujeres emprendedoras, especialmente en sectores rurales, tienen dificultades para acceder a créditos y servicios financieros. Asimismo, la falta de educación financiera es un obstáculo que impide a las personas comprender y aprovechar adecuadamente los productos del sistema financiero.
Además, persiste cierta desconfianza en el sistema financiero debido a antecedentes como la crisis bancaria del año 1999. Para enfrentar estos retos, el Estado ha implementado políticas como la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, el impulso a la digitalización de pagos, programas de microcréditos productivos y el apoyo a fintech. Sin embargo, lograr una inclusión financiera plena sigue siendo un reto pendiente que requiere mayor inversión en educación, tecnología y cobertura territorial.