Ley de Integridad eliminó facultad para que hospitales del IESS compren medicinas, insumos y material quirúrgico de manera directa.
La reciente entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública en Ecuador ha generado diversas repercusiones, especialmente en el ámbito de la salud, una de las reformas más significativas ha sido la eliminación de la facultad que tenían los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para adquirir de manera directa medicinas, insumos y materiales quirúrgicos, a partir de ahora, todas estas adquisiciones deberán realizarse exclusivamente a través de los procedimientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), lo cual representa un cambio estructural en la gestión hospitalaria.
Desde una perspectiva institucional, esta reforma responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, las compras directas, aunque útiles en contextos de emergencia, han sido también señaladas como focos de corrupción, clientelismo o discrecionalidad indebida, en este sentido, la medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por consolidar un sistema de contratación más íntegro, alineado con principios de rendición de cuentas y eficiencia administrativa.
No obstante, esta decisión también plantea riesgos significativos, particularmente en cuanto a la operatividad de los centros de salud del IESS, la imposibilidad de realizar compras directas podría traducirse en demoras críticas para la adquisición de medicamentos esenciales o equipos médicos de urgencia, en contextos como epidemias, emergencias quirúrgicas o desabastecimiento súbito, la burocratización del proceso de compra puede poner en peligro la atención oportuna de los pacientes, afectando directamente el derecho constitucional a la salud.
En términos jurídicos, es esencial que cualquier reforma legal encuentre un equilibrio entre la transparencia y la eficiencia. Limitar por completo la facultad de compra directa, sin prever mecanismos excepcionales o protocolos de emergencia, puede resultar contraproducente y vulnerar derechos fundamentales, la normativa debería contemplar cláusulas de excepción estrictamente reguladas, que permitan a los hospitales actuar con rapidez cuando la vida y la salud de los asegurados estén en riesgo, siempre bajo auditoría posterior y mecanismos de control correctivos.
Finalmente, esta situación evidencia la necesidad de reforzar las capacidades administrativas tanto del SERCOP como del propio IESS, para que el nuevo modelo funcione sin generar cuellos de botella, es indispensable dotar a ambas entidades de recursos técnicos, personal capacitado y herramientas digitales que faciliten procesos de compra ágiles, eficientes y seguros, solo así se podrá alcanzar el doble objetivo de combatir la corrupción y garantizar un servicio de salud de calidad, sin sacrificar ni la transparencia ni la vida de los ciudadanos.