La UE detiene negociaciones de su ley sobre las “green claims” (reclamaciones verdes)

Durante la semana del 16 al 22 de junio de 2025, un hecho clave en derecho ambiental fue la suspensión de las negociaciones en la Unión Europea sobre una nueva ley que buscaba regular las llamadas “green claims” o “afirmaciones verdes” de las empresas. Esta ley, que había sido propuesta por la Comisión Europea en 2023, tenía como objetivo que cualquier empresa que anunciara que su producto es sostenible, ecológico o respetuoso con el clima debiera probarlo de manera sólida y verificable.

La iniciativa surgió porque estudios recientes de la propia Comisión detectaron que cerca del 50 % de las afirmaciones ambientales que aparecían en los empaques y la publicidad de muchas compañías en Europa eran vagas o directamente infundadas. Por eso, la nueva normativa quería establecer un estándar común para que solo se puedan utilizar ciertas etiquetas o frases verdes cuando existieran estudios científicos que las respalden. Así se pretendía evitar el “greenwashing”, es decir, la práctica de muchas empresas que exageran o mienten sobre sus impactos ambientales para parecer más responsables.

Sin embargo, el progreso de la ley quedó paralizado a finales de junio por desacuerdos entre los Estados miembros. Varios gobiernos, como el de Polonia, expresaron su preocupación por los costos que esto supondría para las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo europeo. También pidieron que la Comisión Europea clarifique mejor qué tipo de pruebas necesitarán presentar las empresas para evitar que la ley sea demasiado difícil de cumplir para los negocios más modestos.

A raíz de esta situación, la presidencia del Consejo de la UE canceló una reunión clave y aplazó la decisión final hasta que haya mayor claridad. Por el momento, los consumidores europeos siguen esperando una regulación que permita diferenciar entre empresas realmente sostenibles y aquellas que solo lo aparentan.