Exjueza que benefició a Jorge Yunda irá tres años a la cárcel tras ratificación de su condena.

Fecha: 20 de Junio del 2025

La Corte de Justicia de Pichincha ratificó la condena de tres años de prisión contra la exjueza María Belén Domínguez por el delito de tráfico de influencias, al ejercer presión sobre dos ayudantes judiciales para tramitar una acción constitucional presentada por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en junio de 2021. El objetivo era permitir que Yunda mantuviera su cargo ilegítimamente. El fallo rechazó el recurso de apelación de Domínguez, quien argumentó inconsistencias en los testimonios de los ayudantes judiciales. La Fiscalía demostró mediante pericias informáticas y declaraciones detalladas que la exjueza dio instrucciones directas para manipular el caso, ajustándose al tipo penal del Art. 285 del COIP .  

Aunque la sentencia contra Domínguez es un avance contra la impunidad, revela cómo redes de corrupción operan mediante la manipulación de procesos técnicos, como la activación selectiva de jueces en el sistema de sorteos de causas . El hecho de que Domínguez recibiera inicialmente una suspensión condicional de la pena (Art. 630 COIP) refleja un sistema permisivo con élites, contrastando con el rigor aplicado a delitos menores; además, la Corte Constitucional ya había alertado en 2021 sobre irregularidades en el sorteo de causas vinculadas a Yunda, ordenando al Consejo de la Judicatura y la Fiscalía investigar estas prácticas, pero las medidas correctivas fueron insuficientes.  

La manipulación del sistema para beneficiar a figuras políticas como Yunda evidencia un círculo vicioso donde el poder económico y político distorsiona la imparcialidad judicial, afectando especialmente a sectores marginados que no acceden a tales privilegios . La denuncia de Gabriela Beltrán, una auxiliar judicial implicada, sobre el uso ilegal de sus credenciales por parte de "funcionarios superiores", sugiere que Domínguez era un eslabón de una cadena corrupta más amplia, aún no investigada . Esto perpetúa la percepción de que la justicia es un instrumento al servicio de intereses particulares, no un garante de derechos.  

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