Fecha: 17/06/2025
Reapertura del Catastro Minero en Ecuador
El Gobierno de Daniel Noboa reabrió el catastro minero nacional, cerrado desde 2017 por denuncias de corrupción, superposición de concesiones y afectaciones a territorios indígenas. Esta herramienta permite registrar y otorgar concesiones para la actividad minera. En esta primera fase se autorizan únicamente concesiones para minería no metálica como arena, piedra y arcilla, mientras que la minería metálica como oro, cobre, etc. Se abrirá en septiembre. La decisión busca combatir la minería ilegal, que se ha expandido por al menos 18 provincias, afectando al medioambiente y vinculándose con organizaciones criminales.
La reapertura del catastro minero busca que el Estado retome
el control de la actividad minera y ordene un sector que ha crecido sin
regulación adecuada. No obstante, desde una perspectiva legal, surgen
importantes retos.
Primero, está el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas,
consagrado en el artículo 57 de la Constitución, el cual podría ser vulnerado
si no se lleva a cabo adecuadamente antes de iniciar nuevas concesiones.
En segundo lugar, el principio de precaución ambiental, establecido en el
artículo 395, exige que cualquier actividad extractiva garantice la
sostenibilidad y minimice el impacto ecológico, algo que aún no está asegurado
con esta medida.
Por último, el proceso debe cumplir con estándares de seguridad jurídica y
transparencia, pues el anterior catastro falló por corrupción y desorden. La
nueva etapa debe implementar mecanismos auditables y fomentar la participación
ciudadana para evitar repetir los errores del pasado.
La reapertura del catastro minero en Ecuador representa un intento por ordenar y formalizar la actividad extractiva, impulsar la economía y reducir la minería ilegal. No obstante, su éxito dependerá de la aplicación efectiva de principios constitucionales como la consulta previa, la protección ambiental y la transparencia administrativa. Si estas garantías no se cumplen, se corre el riesgo de legitimar el extractivismo sin control y generar nuevos conflictos sociales, territoriales y ecológicos.
Fuentes: