Este caso representa un cruce entre justicia y política en Ecuador. Aunque su defensa alegó la caducidad de la prisión preventiva, el tribunal determinó que los intentos de defensa por Glas y sus abogados fueron las que impidieron el avance del proceso, vulnerando principios como la buena fe y la lealtad procesal.

Esto demuestra el riesgo de utilizar herramientas legales como estrategia para evitar el juzgamiento. Además, la detención de Glas en la Embajada de México no solo fracturó las relaciones entre ambos países, sino que dejó al descubierto tensiones sobre el uso del asilo diplomático y el respeto al derecho internacional.

Más allá del personaje político que representa Glas, el caso deja importantes reflexiones sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad judicial, garantizar el debido proceso sin permitir su manipulación y evitar que los intereses políticos contaminen la búsqueda de verdad y justicia.