La política de dar bonos ya no es suficiente para erradicar la pobreza en Ecuador

Fecha: 11/06/2025

Fuente:  La política de dar bonos ya no es suficiente para erradicar la pobreza en Ecuador

Reflexión: 

Como estudiante de Derecho, esta situación evidencia una de las tensiones más complejas que enfrenta el Estado ecuatoriano: el cumplimiento del principio de justicia social frente a la persistencia estructural de la pobreza. A pesar de que durante más de dos décadas se ha implementado un sistema de transferencias directas como los bonos sociales, los resultados actuales —con una tasa de pobreza del 28%— demuestran que estas políticas, aunque necesarias, son insuficientes si no están acompañadas de medidas integrales y sostenibles.

El Derecho no solo regula relaciones jurídicas, también tiene la función de transformar la realidad social. Desde esta óptica, es fundamental analizar si las políticas públicas relacionadas con la protección social cumplen con los principios constitucionales de progresividad, equidad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Los bonos deben ser entendidos como un medio temporal de alivio, no como una solución definitiva. La propuesta del MIES de establecer un sistema de graduación del bono y actualización de beneficiarios parece adecuada, pero debe ir acompañada de garantías que aseguren el acceso continuo a derechos fundamentales, como la salud, la educación y el trabajo digno.

El Estado tiene la obligación de garantizar el mínimo vital y diseñar políticas intersectoriales efectivas que ataquen la pobreza en todas sus dimensiones. La lucha contra la desnutrición crónica infantil y el abandono escolar debe ser prioritaria, porque son violaciones estructurales al derecho al desarrollo. También es clave fomentar alianzas entre el sector público, el privado y la sociedad civil, siempre con mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, para evitar que estas alianzas deriven en privatización encubierta de derechos o en políticas clientelares.

En resumen, la erradicación de la pobreza no puede depender únicamente de transferencias económicas. El Derecho debe orientar al Estado hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde cada política pública sea evaluada con criterios de impacto, eficacia y respeto a los derechos humanos. Como futuros juristas, debemos exigir una gestión pública basada en evidencia, que priorice a las personas y no a los intereses políticos o económicos de corto plazo.