Registro Oficial del día: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional

En un contexto de creciente violencia y expansión del crimen organizado en el Ecuador, el Estado ha buscado respuestas normativas que permitan enfrentar esta amenaza con herramientas jurídicas proporcionales y ajustadas a los estándares internacionales. En ese marco, la promulgación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional marca un hito trascendental en la evolución del derecho ecuatoriano contemporáneo, pues no solo responde a una coyuntura crítica, sino que también articula un nuevo paradigma jurídico y político en materia de seguridad, justicia penal y derechos humanos. Esta ley surge como una consecuencia directa de los pronunciamientos de la Corte Constitucional del Ecuador, la cual ha reconocido que los hechos de violencia sistemática y organizada que vive el país reúnen los elementos característicos de un Conflicto Armado No Internacional (CANI). A partir de esta premisa, y considerando la urgencia de garantizar la paz, el orden y la protección de la ciudadanía, el legislador ha optado por establecer un régimen jurídico especial que incorpore al Derecho Internacional Humanitario dentro del marco constitucional interno.

De este modo, se configura una normativa robusta y multifacética que, además de contemplar el uso legítimo de la fuerza y la regulación de bienes incautados, introduce beneficios tributarios, medidas de protección a víctimas, y una reorganización de los procesos judiciales aplicables a delitos conexos al conflicto. En consecuencia, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional no se limita a una dimensión represiva del Estado frente al crimen organizado, sino que integra elementos de reparación, prevención, fortalecimiento institucional y corresponsabilidad social. Por tanto, este instrumento legal se convierte en un referente indispensable para comprender el rumbo de la política pública de seguridad en el Ecuador, en armonía con el derecho constitucional y los compromisos internacionales del país.

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional fue promulgada como una respuesta jurídica integral frente al conflicto armado no internacional (CANI) que atraviesa Ecuador, según ha sido reconocido por la Corte Constitucional, esta ley establece un régimen jurídico especial que permite al Presidente de la República adoptar medidas económicas, tributarias y operativas frente a los efectos del conflicto, garantizando la continuidad productiva, el fortalecimiento de las fuerzas del orden y la protección a la población civil. Asimismo, la ley incorpora principios del Derecho Internacional Humanitario al bloque de constitucionalidad ecuatoriano.

Entre sus disposiciones clave se encuentran: la tipificación de nuevos delitos vinculados al CANI, un procedimiento judicial especial para su juzgamiento, incentivos económicos para poblaciones afectadas, medidas de protección a víctimas, y prevención del reclutamiento de menores, también se establecen beneficios tributarios para quienes donen bienes a las Fuerzas Armadas y a la Policía, se reforman cuerpos legales como el COIP y la Ley de Régimen Tributario Interno, y se refuerza el control institucional sobre las fuerzas del orden, incluyendo la creación de mecanismos anticorrupción internos.

La Ley representa un giro doctrinario en la respuesta del Estado ecuatoriano frente al crimen organizado, al reconocer formalmente su naturaleza bélica bajo la figura del conflicto armado interno, esto permite aplicar estándares internacionales humanitarios, lo cual fortalece la legitimidad de las acciones de las fuerzas del orden pero también impone estrictas obligaciones para la protección de la población civil y la infraestructura productiva, este enfoque busca evitar excesos del poder punitivo y garantizar el respeto de los derechos humanos aún en escenarios de violencia extrema.

No obstante, la amplitud del régimen jurídico especial plantea desafíos en su aplicación práctica, la facultad del Ejecutivo para reconocer el CANI mediante decreto puede generar tensiones en la separación de poderes, así como en el control jurisdiccional del uso de la fuerza y la excepcionalidad penal, por otro lado, las reformas penales endurecen el tratamiento de delitos vinculados al conflicto, pero deben ser cuidadosamente implementadas para evitar criminalizar actores marginales o vulnerables, la clave estará en el equilibrio entre seguridad, legalidad y derechos humanos, en una coyuntura crítica para la estabilidad nacional.

Bibliografía 

Lexis Ecuador. (2025, junio 10). Registro Oficial del día: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. https://www.lexis.com.ec/noticias/registro-oficial-del-dia-ley-organica-de-solidaridad-nacional-1