La aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional representa un avance legislativo relevante en el marco del combate al crimen organizado en Ecuador en consonancia con los desafíos actuales de seguridad y orden público, desde una perspectiva jurídica es positivo que la norma haya sido aprobada por un procedimiento democrático y con amplio respaldo parlamentario, garantizando así su legitimidad formal.

La eliminación del artículo que autorizaba detenciones sin orden judicial durante el conflicto armado interno es un acierto jurídico fundamental, esta disposición inicial contravenía principios básicos del debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías reconocidas tanto por la Constitución ecuatoriana como por los tratados internacionales de derechos humanos y al restablecer el rol central del control judicial en la privación de libertad se preserva el Estado de Derecho incluso en contextos de emergencia.

El enfoque en el endurecimiento de las penas y en la incautación de bienes provenientes de la economía criminal es adecuado, siempre que se garantice que las medidas de decomiso respeten los principios del debido proceso y de proporcionalidad. El fortalecimiento del componente preventivo especialmente en la protección de niños y adolescentes frente a la captación por grupos armados es otro aspecto que refuerza la integralidad de la política criminal.

Por otro lado los beneficios tributarios y los incentivos económicos incorporados en la ley deberán ser cuidadosamente regulados para evitar abusos o mecanismos de elusión fiscal encubierta, las medidas de protección y acompañamiento a las víctimas constituyen un componente indispensable para una política penal humanizada.

En conclusión, la Ley de Solidaridad Nacional constituye un paso positivo hacia una respuesta penal y preventiva más eficaz frente al crimen organizado, siempre que su implementación respete los derechos fundamentales y se mantenga un estricto control judicial.