Pleno de la Asamblea Nacional resolverá sobre Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales
El proyecto de ley sobre los derechos de los animales llega al pleno de la Asamblea Nacional tras no alcanzar los votos necesarios en la Comisión de Biodiversidad, el hecho responde a una sentencia de la Corte Constitucional que mandató a la Defensoría del Pueblo la elaboración de un texto legal que reconozca la protección y el bienestar animal, basándose en principios constitucionales y con amplia participación ciudadana, sin embargo, el debate en la comisión evidenció serias divisiones entre los legisladores: nueve votos en contra y una abstención impidieron su aprobación, dejando en manos del pleno su eventual ratificación o rechazo.
Las críticas a la propuesta han girado en torno a su supuesta incoherencia técnica y jurídica, varios legisladores y gremios del sector productivo han señalado que el proyecto puede afectar prácticas económicas y culturales, al incorporar disposiciones que limitarían métodos productivos y formas de exhibición o uso de animales en actividades humanas, por ejemplo, se ha polemizado en torno a disposiciones que regularían la forma de comercialización de carne o prohibirían ciertos espectáculos públicos. También ha circulado información errónea que sugiere que la ley permitiría prácticas aberrantes como la zoofilia, aunque estas ya están penalizadas expresamente en el Código Orgánico Integral Penal.
En defensa del proyecto, organizaciones animalistas y sectores académicos recalcan que el texto busca garantizar estándares mínimos de bienestar animal sin afectar libertades fundamentales ni prácticas culturales protegidas. La propuesta normativa, compuesta por 59 artículos, 17 disposiciones generales, transitorias y reformatorias, establece mecanismos de prevención del maltrato, regulación sobre el uso de animales en experimentación y pautas para su protección en situaciones de emergencia, además, el texto excluye expresamente ciertas manifestaciones culturales como las corridas de toros, rodeos y peleas de gallos, reconociendo su protección constitucional siempre que no impliquen la muerte del animal en espectáculos públicos, en línea con el resultado de la consulta popular de 2011.
Desde una perspectiva reflexiva, este proyecto revela tensiones profundas entre el avance normativo en materia de derechos animales y los intereses económicos, culturales y políticos en juego, por un lado, es innegable la necesidad de actualizar el marco jurídico ecuatoriano para cumplir con estándares éticos, ambientales y de protección integral, por otro, el diseño normativo debe evitar caer en excesos regulatorios que, sin estudios técnicos robustos, terminen provocando efectos contraproducentes en sectores vulnerables del aparato productivo o generando rechazo ciudadano por percepciones de imposición moral, la clave está en promover un diálogo informado, donde los derechos de los animales no se enfrenten a los derechos humanos, sino que se complementen dentro de un ecosistema normativo armónico.
Finalmente, el debate legislativo pendiente será crucial para evaluar si la Asamblea es capaz de construir consensos éticos en torno a la vida no humana, sin desatender la necesidad de regulación inteligente, proporcional y con respaldo técnico, la sociedad ha avanzado en su conciencia sobre el maltrato animal, pero aún queda camino por recorrer para lograr una ley robusta, socialmente aceptada y jurídicamente viable, la deliberación en el pleno debe trascender los discursos emocionales o productivistas para centrarse en la compatibilización real entre bienestar animal, desarrollo sostenible y respeto por la diversidad cultural del país.