DECISION DEL TCE PODRÍA CAMBIAR EL DESTINO POLÍTICO DEL PREFECTO DE CHIMBORAZO
Domingo 1 de junio del 2025
El prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, se encuentra en el centro de una polémica que podría costarle su cargo y derechos políticos. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) analiza una denuncia por presunto proselitismo político, presentada por el abogado Alejandro Rodas. Según la acusación, Hermel Tayupanda habría utilizado su posición como autoridad provincial para pedir el voto a favor del candidato César Robles, de su mismo partido, Izquierda Democrática, durante actos oficiales en comunidades rurales. En la audiencia realizada el 29 de mayo, se presentaron videos y audios donde se escucha al prefecto condicionar la entrega de maquinaria y obras al respaldo político a la lista 12.
Las pruebas digitales fueron periciadas y certificadas como auténticas, lo cual refuerza la acusación. Por su parte, la defensa de Tayupanda argumentó que no se respetó la legalidad en la recolección de las evidencias y que no hay una inducción directa al voto. A pesar de estos argumentos, el proceso continúa, y el fallo del TCE que se espera en los próximos días podría marcar un precedente en la historia electoral del país, definiendo los límites entre función pública y activismo político.
Este caso no solo debe analizarse como un conflicto legal, sino como una muestra de cómo el poder puede deformarse cuando no se lo ejerce con responsabilidad. La figura del prefecto no es simplemente la de un político más, sino la de un funcionario que administra recursos públicos y que debe actuar con imparcialidad, sobre todo durante procesos electorales. Que una autoridad ofrezca maquinarias, carreteras u obras a cambio de votos no solo es antiético, sino también injusto con los ciudadanos, que merecen obras por derecho, no como recompensa por su respaldo político.
Además, este tipo de prácticas debilitan la democracia, donde el beneficio personal o colectivo está condicionado al favor político. Esto impide que las elecciones sean un espacio libre y justo de expresión ciudadana. Las autoridades deben dar el ejemplo, actuar con transparencia y cuidar el equilibrio entre su rol institucional y sus convicciones personales.
Si el TCE confirma la infracción, no solo se estaría sancionando a un prefecto, sino enviando un mensaje claro a todos los funcionarios del país ya que el poder público no se presta para hacer campaña. Por otro lado, si se demostrara que todo fue parte de una persecución política, también sería grave, porque la justicia no debe ser usada como herramienta para eliminar adversarios. En cualquiera de los escenarios, lo importante es que el proceso sea justo, imparcial respetando el debido proceso y los principios .
Como ciudadanía, debemos estar atentos. Este caso nos recuerda que el control del poder no solo está en manos de las instituciones, sino también en la vigilancia activa de una sociedad que no puede permitir que sus derechos se condicionen, ni que sus decisiones sean manipuladas desde el poder.
Diario Los Andes. (2025, junio 1). Decisión del TCE podría cambiar el destino político del prefecto de Chimborazo. https://www.diariolosandes.com.ec/decision-del-tce-podria-cambiar-el-destino-politico-del-prefecto-de-chimborazo/