Los dos compañeros abordaron dos temáticas distintas, novedosas, claras y comprensibles.  Lograron transmitir las ideas principales de sus investigaciones de manera ordenada y con un lenguaje apropiado para el contexto académico, además que se notó que había preparación previa y dominio básico del tema en cuestión. 

La exposición sobre el tema de la iniciación prematura del conocimiento del concurso necesario sin agotar la fase de ejecución del primer compañero nos ofreció una nueva perspectiva, ya que permite visualizar una problemática que puede parecer estrictamente procesal, tiene implicaciones profundas tanto en el acceso a la justicia como en la garantía del debido proceso.  La problemática expuesta surge cuando los jueces o tribunales admiten el inicio de un proceso concursal antes de que se haya cumplido o agotado por completo la etapa de ejecución. Esta anticipación o "iniciación prematura" implica que no se ha respetado la secuencia lógica y legal de los procedimientos, lo cual puede vulnerar varios principios procesales y constitucionales. Por ejemplo:

Afectación al derecho de defensa y al debido proceso: Ya que al deudor no se le da la oportunidad de cumplir sus obligaciones en la vía ejecutiva, es decir, no se le permite agotar todos los medios posibles antes de declararlo en concurso. Esto puede vulnerar su derecho a un juicio justo y a ejercer una defensa adecuada.

Mientras que nuestra compañera Mishell  abordo el tema de "La prueba para mejor resolver, ausencia p suficiencia normativa" que  resultó muy interesante ya  que desde el punto de vista crítico y jurídico, ella introdujo una reflexión profunda sobre un aspecto poco discutido: la posible afectación al principio de imparcialidad judicial cuando el juez hace uso de esta facultad procesal. Su exposición menciono que esta figura busca garantizar una mejor administración de justicia, permitiendo al juzgador esclarecer los hechos y tomar una decisión más justa y fundamentada, sin embargo no existe normativa suficiente para regular este aspecto, ya que nos explico que la imparcialidad judicial implica que el juez debe actuar como un tercero neutral, sin tomar partido por ninguna de las partes en el litigio. Cuando el juez ordena pruebas por su cuenta, especialmente si lo hace de forma selectiva, sin justificación clara o en favor de una de las partes, puede surgir la realidad de que está asumiendo un rol activo que compromete su objetividad, y por ende se vulnerarian principios constitucionales como:

La tutela judicial efectiva: implica que las decisiones deben ser tomadas por jueces independientes e imparciales, a través de un proceso justo y transparente. Si una parte percibe que el juez está actuando como parte activa del proceso, su confianza en el sistema se ve afectada, lo que puede traducirse en una violación a su derecho a una justicia imparcial.