La aprobación de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización a través de los Decretos Ejecutivos N.º 645 y 646 firmados por el presidente Daniel Noboa Azín se sitúa en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución del Ecuador y el artículo 7 de la Ley de Movilidad Humana, esta normativa establece que las personas extranjeras pueden obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización si han prestado servicios relevantes al país entre otros requisitos.
En el caso del médico venezolano Bernardo Uribe Guzmán y su labor como cirujano de trasplante renal y su impacto en la mejora institucional del sistema de salud pública integra un claro ejemplo de servicios relevantes los cuales han sido formalmente reconocidos por el Ministerio de Salud Pública, este respaldo institucional cumple con el principio de legalidad y justifica la discrecionalidad del Ejecutivo en la concesión.
De igual forma, la parapentista rusa Daria Krasnova ha aportado significativamente al ámbito deportivo del país representando a Ecuador con logros nacionales e internacionales. Su desempeño ha sido avalado por el Ministerio del Deporte cumpliendo también con los requisitos formales y sustanciales exigidos.
La decisión presidencial se alinea con el principio de mérito ya que reconoce a personas extranjeras que han contribuido de forma tangible al desarrollo nacional y además, fortalece la noción de ciudadanía inclusiva y reconoce el valor de la diversidad en la construcción de una sociedad más equitativa, la medida también refuerza el rol del Ejecutivo en el ámbito migratorio y de nacionalización dentro de un marco de legalidad y reconocimiento del interés públicoEl dar la nacionalidad ecuatoriana a Bernardo Uribe Guzmán y Daria Krasnova se sustenta en el marco legal vigente y en el reconocimiento de servicios relevantes al país, esta decisión presidencial evidencia el ejercicio legítimo de una facultad discrecional del Ejecutivo, refuerza el principio de mérito y la integración de talentos extranjeros al desarrollo nacional. La medida respeta el debido proceso administrativo y está debidamente respaldada por entidades competentes. En conjunto, representa un acto jurídico y simbólico de gratitud y reconocimiento del Estado ecuatoriano.