Coincido plenamente con tu apreciación de que la soberanía no puede utilizarse como excusa para eludir obligaciones internacionales libremente contraídas, especialmente en materia de derechos humanos. La negativa de algunos Estados a someterse al SIDH no solo representa una omisión jurídica sino también un mensaje político regresivo que puede alentar prácticas autoritarias y erosionar la confianza ciudadana en la justicia internacional. Este tipo de desvinculación suele ir acompañado de discursos de autodeterminación vacíos, que en realidad encubren dinámicas de impunidad. En ese sentido, me parece fundamental rescatar el valor simbólico y jurídico del caso Velásquez Rodríguez como lo hiciste, pero también recordar que este caso marcó un antes y un después en la cultura legal de nuestra región, finalmente el control de convencionalidad y su fortalecimiento también debe ser vital para un desarrollo coreecto de los Estados en el SIDH.