Efectivamente, la sentencia del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras es un pilar fundamental en el desarrollo del SIDH, ya que estableció precedentes cruciales sobre la responsabilidad estatal en la protección de los derechos humanos. Este fallo no solo abordó la desaparición forzada, sino que también sentó las bases para el principio de control de convencionalidad, obligando a los Estados a adaptar su legislación interna a los estándares internacionales. La Corte enfatizó que la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos no puede ser tolerada, lo que implica que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Además, este caso resalta la importancia de la participación de las víctimas y sus familias en el proceso de justicia, promoviendo así una cultura de verdad y reparación. Al reafirmar la responsabilidad del Estado, la Corte contribuyó a fortalecer la confianza en el SIDH y en la lucha contra la impunidad en la región, subrayando que el respeto a los derechos humanos es esencial para la consolidación de democracias robustas y justas.