La conexión entre salud mental y derechos humanos es un tema fundamental que exige atención urgente. Durante mucho tiempo, las personas con condiciones de salud mental han sido invisibilizadas, malinterpretadas y, en muchos casos, sometidas a prácticas que limitan su autonomía y dignidad. Esta situación pone en evidencia la necesidad de replantear no solo los modelos de atención, sino también la forma en que la sociedad percibe la salud mental.

Avanzar hacia un enfoque centrado en la persona implica garantizar que quienes requieren apoyo en salud mental puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Esto significa brindar servicios accesibles, voluntarios, culturalmente pertinentes y libres de discriminación. La atención no puede basarse en la coerción o el control, sino en la escucha activa, el consentimiento informado y el fortalecimiento de la autonomía. Es clave promover entornos donde las personas sean protagonistas de su proceso de recuperación y puedan tomar decisiones sobre su vida, con los apoyos necesarios.

Además, es urgente erradicar el estigma social que aún persiste en torno a los trastornos mentales. Las etiquetas, los prejuicios y la desinformación generan barreras que afectan no solo la salud, sino también las oportunidades laborales, educativas y sociales de quienes viven con estas condiciones. Fomentar una cultura de inclusión, empatía y respeto fortalece el bienestar colectivo y mejora la calidad de vida de toda la comunidad.

Hablar de derechos humanos en salud mental no es un lujo ni una aspiración idealista. Es una responsabilidad ética y social que nos compromete a construir una sociedad más justa, donde todas las personas independientemente de su estado mental  sean tratadas con dignidad, respeto y libertad. Garantizar esto es avanzar hacia un modelo verdaderamente humano e inclusivo.