Mi posición es que todos los Estados de la OEA deberían someterse plenamente al SIDH y aceptar su competencia contenciosa, así como respetar y aplicar sus decisiones mediante el control de convencionalidad. La soberanía estatal no puede erigirse como excusa para impedir el escrutinio internacional en materia de derechos humanos, más aún cuando se trata de proteger la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

El caso Velásquez Rodríguez demuestra la importancia vital de contar con una instancia como la Corte IDH, capaz de suplir las omisiones y fallas de los sistemas judiciales nacionales, y marca un precedente que sigue siendo relevante frente a los desafíos contemporáneos en América Latina.