Considero que el hecho de que algunos Estados de la OEA no se sometan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) evidencia una tensión entre la soberanía estatal y la protección internacional de los derechos humanos. Si bien la soberanía permite a los Estados decidir sobre su ordenamiento jurídico, no puede ser excusa para ignorar compromisos asumidos en materia de derechos fundamentales. En este contexto, el control de convencionalidad es clave, ya que obliga a los jueces nacionales a interpretar las normas internas conforme a la Convención Americana. El caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, resuelto en 1989, fue fundamental porque estableció la responsabilidad del Estado por desapariciones forzadas y resaltó el deber de prevenir, investigar y sancionar violaciones de derechos humanos. Este caso demostró la importancia de una justicia internacional activa cuando los sistemas internos fallan. Por eso, me parece esencial que todos los Estados de la OEA reconozcan la competencia de la Corte IDH y se comprometan con el fortalecimiento del SIDH.