Comentario sobre la Ley para Desarticular la Economía Criminal en Ecuador

La reciente aprobación de la Ley para Desarticular la Economía Criminal por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador representa un punto de inflexión en la estrategia gubernamental para combatir las organizaciones criminales que han desestabilizado profundamente la seguridad nacional. Esta iniciativa del presidente Daniel Noboa surge como respuesta directa al deterioro acelerado de la situación de seguridad que llevó a la declaración de conflicto armado interno, evidenciando la grave crisis que atraviesa el país.

La legislación busca atacar las estructuras financieras de los grupos criminales, un enfoque que los expertos consideran más efectivo que centrarse exclusivamente en capturas individuales. Sin embargo, su efectividad real dependerá de la capacidad institucional para implementarla, en un contexto donde la corrupción ha penetrado diversos niveles del Estado ecuatoriano. El éxito de esta ley estará condicionado al fortalecimiento paralelo del sistema judicial y de las agencias de investigación financiera.

Resulta significativo que esta normativa se apruebe en medio del complejo panorama electoral que atraviesa Ecuador, lo que plantea interrogantes sobre la continuidad de estas políticas a mediano plazo. La sociedad ecuatoriana, mientras tanto, permanece escéptica tras años de promesas incumplidas en materia de seguridad. El verdadero desafío no está solo en la promulgación de leyes, sino en romper los vínculos entre el crimen organizado y las estructuras políticas y económicas establecidas que han permitido la proliferación de la violencia hasta niveles sin precedentes en un país que históricamente se consideraba un oasis de paz en la región.