Fecha de la noticia: 18/05/2025
El pasado jueves 15 de mayo, el presidente de la República, firmó el Decreto Ejecutivo Nº 632, mediante el cual se declara a tres organizaciones criminales declarándoles grupos armados organizados. Se trata de ¨Comandos de la Frontera¨, ¨El frente Oliver Sinisterra¨ y las ¨Disidencias Comuneros del Sur¨, estructuras disidentes de las FARC, operando en la frontera norte de Ecuador.
Legalmente, esta declaratoria tiene un peso significativo, ya que permite al gobierno ecuatoriano implementar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), al reconocer oficialmente una lucha armada interna. Esta declaración otorga a los militares y a la Policía Nacional, la autoridad para ampliar las competencias de manera más amplia frente a estos grupos criminales, para alinear sus acciones con el marco normativo del DIH y los requisitos constitucionales existentes.
Este decreto implica el inicio de un proceso legal de excepción, ya que las acciones militares directas, nos recuerdan la necesidad de recuperar rápidamente la paz y la seguridad en las regiones afectadas. Sin embargo, esta urgencia no puede anular el requisito básico de proceder dentro de los limites establecidos por los derechos humanos y los principios de DIH.
La cooperación internacional, particularmente con Colombia, es una parte vital de este proceso. Los problemas fronterizos necesitan acciones conjuntas y un entendimiento mutuo de factores específicos que incrementan la violencia.
La reflexión más profunda, radica en comprender que la respuesta a la violencia no puede ser únicamente militar o legal. La inversión en un desarrollo social, como dar oportunidades a comunidades que están siendo afectadas.
La declaratoria del Decreto 632 es un paso significativo pero el inicio de un camino complejo. El verdadero resultado que debe buscar el Estado ecuatoriana para la recuperación del control territorial, sino la capacidad de hacerlo con pleno respeto a la ley, protegiendo a la población que lo habita y sin forjar que se construya violencia. Esta decisión nos demuestra como sociedad sobre la necesidad de un enfoque integral, donde la fuerza de la ley se combine con la fuerza de la justicia social y el desarrollo humano.