La salud mental es un derecho humano fundamental que debe protegerse y promoverse en todas las etapas de la vida, siendo especialmente importante para los adultos mayores, aunque, sin duda, es esencial para toda la población. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece principios clave que deben guiar la atención en salud mental, tales como el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 25), el derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social (artículo 28), el derecho a vivir de forma independiente e incluido en la comunidad (artículo 19), el ejercicio pleno de la capacidad jurídica y la libertad personal (artículos 12 y 14), así como la protección contra la tortura y tratos crueles o degradantes (artículos 15 y 16). La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su iniciativa QualityRights, impulsa servicios centrados en la persona, respetuosos de la autonomía, libres de coerción, que promuevan entornos seguros y la participación activa de los usuarios en las decisiones que los afectan. La pandemia por COVID-19 evidenció las graves consecuencias de la vulneración de estos derechos, especialmente en los adultos mayores, quienes sufrieron un aislamiento prolongado, miedo, pérdida de redes de apoyo, interrupción de servicios de salud y, en muchos casos, institucionalización forzada. Este escenario afectó profundamente su bienestar emocional y mental, poniendo en riesgo su dignidad y autonomía. Además, la crisis reveló que la salud mental no debe considerarse solo un asunto de enfermedad o de grupos vulnerables, sino un componente esencial del bienestar general de toda persona. Cuidar la salud mental de los adultos mayores es vital para reconocer su experiencia y derechos, pero también para construir sistemas de salud comunitarios, humanos e inclusivos que atiendan el sufrimiento psíquico en todas sus formas. Garantizar la salud mental para todos significa avanzar hacia una sociedad más justa, empática y solidaria.