La aplicación de la ética y la transparencia en los contratos de contratación pública es fundamental para garantizar el uso eficiente, equitativo y responsable de los recursos del Estado. La contratación pública implica la adquisición de bienes, obras o servicios con fondos públicos, por lo que cualquier irregularidad no solo perjudica a una institución, sino que afecta directamente al interés de la ciudadanía. Las entidades contratantes tienen un rol clave su responsabilidad es diseñar y aplicar procedimientos claros, objetivos y públicos, garantizando la debida publicidad en todas las fases del proceso, desde la convocatoria hasta la adjudicación y ejecución del contrato. Deben actuar con imparcialidad, transparencia y diligencia, y fiscalizar que los contratos se ejecuten conforme a lo estipulado, evitando modificaciones arbitrarias que puedan beneficiar indebidamente a ciertos proveedores. Por otra parte, los proveedores y contratistas deben asumir una participación honesta y ética en los procesos, absteniéndose de recurrir a prácticas fraudulentas o desleales.