La aplicación de la ética y la transparencia en la contratación pública es esencial para garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos del Estado. Estos principios previenen actos de corrupción como el soborno o el favoritismo, promoviendo procesos justos y legales, con ello fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones públicas al evidenciar un manejo adecuado de los fondos, por otro lado la transparencia asegura igualdad de condiciones para todos los proveedores, estimulando la competencia y la obtención de mejores ofertas. Además, el cumplimiento ético permite que las contrataciones se ajusten a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, asegura un marco legal sólido, evitando sanciones y promoviendo buenas prácticas. 

Por lo tanto, actuar con ética y transparencia es clave para lograr una contratación pública equitativa, eficaz y orientada al bien común.