La ética y la transparencia son cruciales en la contratación pública para prevenir la corrupción, asegurar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y fomentar la confianza ciudadana, las entidades contratantes deben actuar con imparcialidad y rendición de cuentas, estableciendo reglas claras y procesos abiertos, los proveedores y contratistas, por su parte, deben competir lealmente, cumpliendo las normativas y evitando prácticas corruptas. Un compromiso conjunto garantiza procesos justos, eficientes y beneficiosos para la sociedad.