La ética y la transparencia no son solo principios deseables, sino pilares fundamentales para un sistema de contratación eficiente, equitativo y legítimo. Su correcta implementación permite blindar los procesos frente a prácticas corruptas, garantizando que los recursos públicos sean gestionados con responsabilidad y orientados al bien común. La transparencia fortalece la confianza ciudadana, promueve la competencia justa entre proveedores y consolida la institucionalidad del Estado. En este sentido, avanzar hacia una cultura ética en la contratación pública no solo mejora la calidad de los servicios, sino que contribuye decisivamente al desarrollo sostenible y a la consolidación de una administración pública íntegra y orientada al interés general