Se considera de suma importancia la implementación de ética y transparencia en los procesos de contratación pública, ya que buscan prevenir la corrupción asegurando el uso eficiente de los recursos del Estado para poder generar confianza ciudadana y garantizar la igualdad de oportunidades entre los proveedores y cumplir con las leyes, es decir, estas prácticas fortalecen la legitimidad de las instituciones y mejoran la calidad de los servicios públicos. Además, aseguran que las decisiones se tomen con responsabilidad y en beneficio de todos, no de unos pocos, por ello cuando los procesos son claros y justos, se evita el favoritismo, se promueve la igualdad de oportunidades y se garantiza que los recursos del Estado lleguen realmente a donde se necesitan.