La aplicación de la ética y la transparencia en los contratos de contratación pública es esencial para asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente, equitativa y en beneficio de la sociedad. La ética permite que las decisiones se basen en principios de integridad, justicia y respeto al bien común, mientras que la transparencia garantiza que los procesos sean abiertos, verificables y sujetos a control ciudadano.                      Las entidades contratantes tienen la responsabilidad de diseñar y ejecutar procesos que eviten conflictos de interés, favorezcan la libre competencia y se ajusten a la normativa vigente. Deben publicar información clara y accesible sobre licitaciones, adjudicaciones y ejecuciones contractuales, además de fomentar mecanismos de control interno y rendición de cuentas.

Por su parte, los proveedores y contratistas deben actuar con honestidad, cumplir con los requisitos técnicos y legales, y abstenerse de incurrir en prácticas corruptas como sobornos o colusión. Su rol también implica colaborar con las auditorías y supervisiones, y garantizar la calidad de los bienes o servicios entregados.

En conjunto, el compromiso ético y transparente de todas las partes permite consolidar procesos justos, eficientes y orientados al desarrollo sostenible y al fortalecimiento institucional del país.