La aplicación de la ética y la transparencia en los contratos de contratación pública es fundamental porque estos procesos implican el uso de recursos del Estado que pertenecen a toda la sociedad. Cuando se actúa con ética y transparencia, se promueve la confianza ciudadana, se evita la corrupción y se asegura que las obras, bienes o servicios contratados realmente beneficien al interés público.

• Entidades contratantes: Deben actuar con imparcialidad, responsabilidad y claridad en todo el proceso, desde la planificación hasta la adjudicación y ejecución del contrato. Esto implica publicar información completa, respetar los principios de igualdad y competencia, y supervisar correctamente el cumplimiento de los contratos.

• Proveedores y contratistas: Tienen la responsabilidad de ofrecer propuestas honestas, cumplir con los términos acordados y actuar de buena fe. Su compromiso ético contribuye directamente a la calidad del servicio o proyecto final.

En conjunto, la ética y la transparencia fortalecen el sistema democrático, mejoran la gestión pública y reducen el riesgo de actos ilícitos o de ineficiencia.