La aplicación de la ética y la transparencia en los contratos de contratación pública es fundamental porque garantiza el uso responsable y equitativo de los recursos públicos. Cuando los procesos de contratación se llevan a cabo con integridad, se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones, se evita la corrupción y se promueve el desarrollo sostenible al asegurar que los bienes y servicios lleguen de manera oportuna y con la calidad requerida.

Desde esta perspectiva, el rol de las entidades contratantes es clave. Deben actuar con objetividad, imparcialidad y responsabilidad, asegurando que los procesos sean claros, abiertos y basados en criterios técnicos y legales. Deben velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentar la competencia leal y garantizar que se respeten los principios del interés público. Todos los actores involucrados deben asumir un compromiso con la rendición de cuentas, la vigilancia ciudadana y la mejora continua del sistema, con el fin de construir procesos de contratación pública que sean justos, eficientes y orientados al bienestar común