La transparencia en la contratación pública se erige como un pilar fundamental para la buena gobernanza y el uso eficiente de los recursos del Estado. Al abrir los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios al escrutinio público, se establece un mecanismo crucial para prevenir la corrupción. La visibilidad de las convocatorias, los criterios de evaluación, las ofertas presentadas y las adjudicaciones dificulta significativamente la ocurrencia de prácticas fraudulentas, sobornos y conflictos de interés. Este control público disuade a los actores involucrados de incurrir en actos ilícitos, protegiendo así el patrimonio colectivo y asegurando que los fondos públicos se utilicen en beneficio de la sociedad.