El reciente incidente que protagonizo Daniel Salcedo Bonilla y Carlos Angulo Lara en el centro penitenciario La Roca pone las claras y serias deficiencias en el sistema de control carcelario, el ingreso y posesión de objetos prohibidos dentro de un centro penitenciario configura un delito tipificado en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con una pena de hasta tres años de prisión, la reincidencia de Salcedo ya previamente sancionado por hechos similares podría ser considerada un agravante afectando su situación procesal.

El principio progresivo penitenciario exige que las cárceles garanticen la seguridad interna, esto con el fin de que los privados de libertad sigan delinquiendo, la flagrancia de los hechos permite una inmediata respuesta judicial como ocurrió con la audiencia y la nueva orden de prisión preventiva, en el caso de Carlos Angulo Lara la gravedad aumenta por su vinculación a una banda criminal organizada lo cual podría abrir nuevas investigaciones relacionadas con delitos de asociación ilícita.

Estos hechos también destacan posibles responsabilidades administrativas o penales de funcionarios penitenciarios en virtud del principio de corresponsabilidad del Estado en el control de los centros de rehabilitación, la vulneración de los protocolos de seguridad podría implicar sanciones disciplinarias o penales para el personal involucrado, es importante reforzar los mecanismos de control y supervisión para cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia penitenciaria.

El caso de Daniel Salcedo y Carlos Angulo evidencia la debilidad del sistema penitenciario frente al ingreso de objetos prohibidos, la reincidencia agrava la situación de los involucrados y compromete la responsabilidad de la institución y es urgente fortalecer los controles internos y aplicar sanciones. Además, se requiere una reforma estructural en la gestión carcelaria y solo así se garantizará el respeto al régimen penitenciario y al Estado de derecho.