Fecha: 17/04/2025
Falta menos de un mes para que se cumpla el plazo que se le dio al Consejo de la Judicatura para crear judicaturas especializadas en materia constitucional, como se decidió en la consulta popular del 21 de abril de 2024. Sin embargo, el proceso está trabado por conflictos internos entre los miembros del CJ. En una sesión del 16 de abril, convocada para aprobar el reglamento para seleccionar a los nuevos jueces constitucionales, no se pudo avanzar porque una de las vocales, Solanda Goyes, se retiró de la reunión. El presidente del CJ, Mario Godoy, defendió el reglamento diciendo que fue trabajado de manera conjunta, incluso mostrando correos y memorandos como prueba. Sin embargo, Goyes sostiene que el reglamento tiene varios vacíos importantes: no exige experiencia en derecho constitucional, no incluye mecanismos claros para asegurar la paridad de género y deja fuera herramientas como el formulario de conflicto de intereses. Ella advirtió que, si se aprueba como está, el reglamento podría ser impugnado por inconstitucional.
Como estudiante de derecho, este tema me genera muchas emociones encontradas. Por un lado, me da rabia que, pese a que el pueblo votó por una mejora en la justicia constitucional, los intereses personales y las tensiones internas estén frenando algo tan importante. Pero por otro lado, también me parece valioso que haya voces como la de la vocal Goyes que estén atentas a que las decisiones que se tomen no solo cumplan con la ley, sino que también respeten principios fundamentales como la paridad, la transparencia y la idoneidad profesional. No se trata solo de cumplir con el plazo o con la formalidad de tener un reglamento, sino de hacer las cosas bien desde el principio. Si se eligen jueces sin experiencia en derecho constitucional, sin filtros éticos y sin asegurar representación de género, estaríamos empezando mal algo que supuestamente debía fortalecer la justicia del país.
La justicia constitucional no puede construirse con apuros ni con arreglos entre pocos. Tiene que ser un proceso abierto, técnico, y sobre todo legítimo. Este caso me hace pensar que como futuros abogados no solo tenemos que conocer la ley, sino también aprender a defender los principios que le dan sentido: la equidad, la transparencia y la participación real. Porque al final, una justicia sin esas bases no es justicia de verdad.