La reciente denuncia de fraude electoral realizada por la candidata Luisa González, sin proporcionar evidencias tangibles, simboliza una ausencia de compromiso político que amenaza la estabilidad democrática de la nación. Cuando estas acusaciones no se apoyan en pruebas, provocan desconfianza en las instituciones y fomentan la polarización social. Por otro lado, el apoyo otorgado por la Misión de Observación Electoral de la OEA a los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fortalece la legitimidad del procedimiento y resalta la función de las entidades internacionales en la aseguración de elecciones libres y transparentes.
El CNE, al expresar su disposición a un conteo voto por voto conforme a lo estipulado por la legislación, evidencia un compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso. Esta postura facilita que cualquier incertidumbre se solucione dentro del marco regulatorio actual, evitando así conflictos sin razón válida. En una democracia robusta, las preguntas electorales deben plantearse con justificaciones legales precisas y evidencias que sean comprobables. Impulsar acciones fuera de este contexto solo erosiona el Estado de derecho. Por esta razón, resulta crucial que los actores políticos adopten un comportamiento responsable, dando prioridad al interés nacional por encima de los intereses partidistas. En gran medida, la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral se basa en el respeto a la institucionalidad.