Título: "España en Llamas: ¡Protestas Masivas Exigen el Derecho a una Vivienda Digna y el Fin del Negocio Inmobiliario!"
Fuente:
https://www.primicias.ec/internacional/espana-protestas-precios-arriendos-vivienda-93348/
Fecha: Sábado 5 de abril de 2025
Reflexión/ Interpretación:
El sábado 5 de abril de 2025, España vivió una movilización histórica por el derecho a la vivienda digna, con manifestaciones simultáneas previstas en medio centenar de ciudades bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda". Los movimientos vecinales, sindicatos de inquilinos y plataformas sociales han unido fuerzas para reivindicar y exigir una solución inmediata a la crisis habitacional que afecta al país desde 2023 y sigue vigente en la actualidad.
De acuerdo con el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la vivienda sigue siendo, por cuarto mes consecutivo, la mayor preocupación para los españoles. Entre los factores que han provocado la actual crisis de vivienda en España se encuentran el desequilibrio entre la oferta y la demanda, el repunte de los precios de venta y alquiler, y la especulación inmobiliaria. La problemática ha alcanzado niveles alarmantes, lo que se refleja en la subida desmesurada de los precios de vivienda en venta en ciudades como Madrid, Málaga y Valencia, con incrementos del 20%, 21,5% y 24%, respectivamente.
Como si no fuera suficiente, la vivienda pública está en declive, lo que limita aún más las oportunidades de acceso a un hogar digno para las personas más vulnerables. De acuerdo con el Boletín Especial de Vivienda Social 2024, únicamente el 1,7% del parque inmobiliario en España corresponde a vivienda social pública, una proporción muy por debajo del promedio europeo del 9,3%.
Aunque esta crisis no es nueva ni incipiente, ya que en 2023 se empezaron a percibir indicios de la calamidad, el gobierno español aprobó la Ley de Vivienda de 2023, que busca limitar el precio del alquiler y regular a los grandes propietarios. Sin embargo, la ley no se aplica plenamente. El Gobierno central propuso declarar “Zonas Tensionadas”, donde los alquileres son altos, para controlar los precios. No obstante, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), principal partido opositor, se niegan a aplicar la ley, alegando que la vivienda es competencia regional.
Este caldo de cultivo ha desembocado este sábado en la primera manifestación por la vivienda a escala nacional en la última década. Precisamente en medio de toda esta crisis es cuando el derecho entra en juego, ya que una gran parte de los manifestantes menciona y exige que se respete su derecho a la vivienda, que está estipulado en el artículo 47 de la Constitución Española, el cual dice lo siguiente:
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación."
Es decir, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los manifestantes están en la justa razón de reclamar y exigir que se respete su derecho, ya que este problema, como ya he explicado, no es nuevo ni reciente, sino que ha existido y se ha agravado desde hace más de un año. El asunto es complejo, ya que España es un Estado descentralizado, lo que significa que el poder no está completamente concentrado en el gobierno central, sino distribuido entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Esto da lugar a problemas, como el hecho de que ciertas comunidades autónomas gobernadas por el PP no hayan adoptado la Ley de Vivienda de 2023.
Adicionalmente, quiero mencionar que España está sometida al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual tiene una incidencia directa en las movilizaciones por la crisis habitacional en España. Uno de los derechos fundamentales que protege este pacto es el derecho a una vivienda digna y adecuada. Este derecho está consagrado en el artículo 11 del PIDESC, que establece lo siguiente:
Artículo 11: “El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo la alimentación, el vestido y la vivienda, y a la mejora continua de las condiciones de existencia.”
Una vez mencionados tanto el PIDESC como la Constitución Española y su incidencia en el derecho a la vivienda digna, me queda decir con plena certeza que las protestas están totalmente justificadas, por las razones antes mencionadas. Como recomendación, insto a que se alcance un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido del actual presidente de España, Pedro Sánchez, y el Partido Popular (PP), para que las comunidades autónomas presididas por el PP sean finalmente declaradas zonas tensionadas y se regule de manera efectiva la crisis habitacional. Además, el gobierno nacional debe implementar políticas o leyes más rigurosas contra la especulación inmobiliaria, ilegalizar las empresas de desokupación y prohibir los desahucios de familias vulnerables.