La introducción de la resolución SR 51 en el Senado de California supone un punto importante en la vinculación entre la justicia ambiental y la responsabilidad universal. La presencia de los líderes indígenas ecuatorianos, Jhajaira Machoa, Juan Bay y Nadino Calapucha, que han viajado desde las entrañas de la Amazonía hasta el plenario de un parlamento extranjero, pone de manifiesto la urgencia de sus demandas: la paralización de la expansión petrolera en sus territorios, la protección de la biodiversidad de la selva y la defensa de sus derechos colectivos como pueblos natales.

California, como uno de los principales importadores y refinadores de petróleo amazónico, desempeña un papel crucial en esta cadena de impactos. Por esta razón, la resolución busca no solo investigar los lazos económicos con el petróleo ecuatoriano, sino también reconocer una responsabilidad política frente a las repercusiones climáticas y sociales derivadas de su demanda de energía.

La acusación de los líderes indígenas es contundente: hoy sus tierras continúan siendo ocupadas, contaminadas y fragmentadas y a la vez han sido invadidas sin consulta ni consentimiento. Las cifras son escalofriantes: más de 5000 pozos petroleros activos, centenares de derrames anuales, miles de mecheros encendidos que arrojan gases letales al aire y carreteras que abren paso a la deforestación. Todo ello sucede en zonas donde habitan pueblos que han sabido cuidar la selva durante décadas como parte de su vida y su cultura. La amenaza de la nueva ronda de petroleras sobre 2.3 millones de hectáreas en el suroriente amazónico solo vendrá a agravar la situación.

De todo esto, por tanto, de cara a la COP30, la que debiera ser la concreta articulación entre comunidades defendiendo el territorio y por estados consumidores, puede afectar con un mensaje poderoso: que es posible transformar el modelo energético sin sacrificar a quienes han sido necesariamente los guardianes de los ecosistemas más vitales del planeta. La resolución SR 51 está destinada a ser un primer paso en esta dirección; el reto es transformarla en una política efectiva, en justicia, respeto y reparación.