REFLEXIÓN:

El tratamiento del tercer proyecto de ley urgente por parte del Ejecutivo refleja la intención de recuperar áreas protegidas que han sido invadidas por economías ilegales y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo local bajo principios de sostenibilidad. Es positivo que el Legislativo haya ajustado la propuesta, eliminando la idea de una empresa pública y prohibiendo actividades extractivas en todas las áreas protegidas, no solo en territorios indígenas. Esto demuestra que, aunque hay tensiones políticas, es posible lograr consensos cuando se trata de proteger el patrimonio natural del país.

Este proyecto también es una respuesta directa a la grave situación de inseguridad que afecta incluso a las zonas ecológicas más sensibles. La inclusión de un fideicomiso y el control temporal de las fuerzas del orden en zonas protegidas con presencia criminal, muestran un enfoque integral que busca frenar la degradación ambiental, fortalecer la presencia estatal y promover una economía sustentable. Si se ejecuta con responsabilidad y sin ceder ante intereses privados, esta ley puede ser un paso clave para garantizar un desarrollo equilibrado entre la conservación ambiental y el progreso económico del Ecuador.